Caso Volkswagen en España
Tal y como ha publicado recientemente El País en esta noticia, la Audencia Nacional investigará el trucaje de los motores diésel de Volkswagen. El líder de esta investigación será el juez Ismael Moreno ha citado a la empresa el 10 de noviembre para que se persone en la causa, tal y como establecen la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se imputa a un persona jurídica. El magistrado ordena recabar de Volkswagen y del Gobierno toda la información sobre el presunto fraude. El juez pide que la multinacional de los coches entregue la relación de vehículos afectados vendidos en España, el organigrama del grupo en nuestro país, la identificación de la empresa a la que se encargó el software que trucaba la medición de las emisiones contaminantes y un informe sobre las medidas que se han adoptado para subsanar los perjuicios causados. El magistrado pide también las periciales que haya podido realizar sobre los coches manipulados el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El juez Ismael Moreno, acepta los argumentos de la Fiscalía, que pidió a la Audiencia Nacional que investigara al grupo automovilístico alemán por fraude por publicidad engañosa, fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. La solicitud de la fiscalía respondía a las querellas presentadas por diversos colectivos, como Manos Limpias, una agrupación de afectados por motores de Volkswagen y la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras. El juez acepta la personación en la causa de estos tres grupos, condicionada a que en los próximos diez días depositen una fianza de 5.000 euros cada uno en el plazo de 10 días y a que se personen con un mismo abogado.
Moreno asume también todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas, pedir al Ministerio de Industria que remita toda la información con la que cuente sobre el trucaje de los motores, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos y los informes que haya recibido de la propia empresa. El magistrado considera que estas diligencias son “pertinentes y necesarias” y se refieren a cuestiones de “absoluta trascendencia” para el esclarecimiento de los hechos.